Los resultados no existen o son magros en proporción a lo invertido, la eficiencia ha desaparecido y la crisis de la gestión pública se ha generalizado.
La Concertación ya no interpreta a la ciudadanía y difícilmente puede garantizar gobernabilidad. Las aspiraciones de la gente están en el libreto oficial, no en su obra ni en sus prioridades reales.
II
Por qué la Alianza
Las señales que explican por qué el cambio viene con la Alianza.
La gente se ha distanciado de sus autoridades, ya que éstas no recogen sus inquietudes, no escuchan sus clamores, no interpretan las claves de este tiempo, se han alejado y no son capaces de dar cuenta del nuevo paradigma en gestación. Su estado de descomposición les impide captar las señales de los nuevos tiempos. La energía de sus líderes está puesta al servicio de la causa político partidista antes que en los grandes desafíos nacionales.
Por su parte, las fuerzas de oposición han logrado revertir su tendencia a la dispersión, han sumado fuerzas y comprometido su vocación unitaria y se han acercado crecientemente a los sentimientos de la gente y a su necesidad de mayores espacios para el emprendimiento personal. En buena medida porque parte de las nuevas señales de estos días han sido provocadas por la acción u omisión de los propios gobernantes, algo que mal ellos mismos podrían entender y menos corregir.
Constituye un desafío para la Alianza asumir esta nueva etapa del país y buscar un camino político que permita darle cauce y expresión hacia el futuro. Ello obliga, antes que nada, a captar la realidad social del nuevo Chile, sus fortalezas y debilidades, sus sueños y anhelos.
Conocer esas actitudes, intereses y demandas es esencial si queremos interpretar y encausar los actuales consensos sociales a través de un nuevo camino político que buscamos liderar.
Las claves de la Alianza
1) La Alianza es hoy señal de unidad. Por muchos años, los conflictos de origen histórico o de índole personal, trasmitieron señales de división y rivalidad entre los partidos de la Alianza –la UDI y RN- generando desconfianzas que no se
limitaron a sus miembros sino que se dejaron sentir en la propia ciudadanía. Esa visión reducía la confiabilidad de un gobierno de este sector. Las cosas han cambiado. La Alianza es hoy un bloque unido, más allá de explicables diferencias menores que de tiempo en tiempo surgen en su seno. Muy diferente es una Concertación fraccionada en su esencia, de donde se separan grupos significativos, donde se cuestiona y rechazan propuestas de su propio Gobierno y donde no han sido capaces de formar pactos electorales unitarios, lo que sus líderes (C. Escalona) han denominado “canibalismo político”.
El capital de confianza por este concepto es hoy patrimonio de la Alianza.
2) La Alianza es sinónimo de futuro. La lógica que ha presidido una buena parte del debate político e intelectual de estas últimas dos décadas ha estado referida a hechos ocurridos en el pasado. Si bien ello resulta explicable, dada la magnitud
de los hechos y la tragedia humana implícita en ellos, es menos entendible que se siga manteniendo indefinidamente esa línea argumental como eje del debate político contingente. Ello significa que lo que todavía une a la Concertación es
ese pasado, el que aún parece servirles ante críticas a su labor en la contingencia política. Sin embargo, lo que se nos pide son respuestas a los problemas de hoy, de cara al porvenir. El dilema pendiente es el futuro, no el ayer. Los chilenos no
quieren más disputas por el pasado, quieren superar la lógica de la confrontación que nos retrotrae a la disyuntiva del Sí y el No del plebiscito de 1988.
El pasado divide, el futuro une. Esto lo representa hoy la Alianza, que sin olvidar el pasado, construye el país del bicentenario, el Chile del mañana.
3) La Alianza es un nuevo estilo de gobierno. El país está cansado del manejo comunicacional unilateral, agresivo y vertical -de arriba hacia abajo- con que se gobierna el país. Quiere dialogar, conversar con sus autoridades. Quiere ser
escuchado y participar en las decisiones. Quiere nuevos rostros, no más “sillas musicales”. La Alianza está comprometida a gobernar desde la base social, oyendo a la gente, con el gobierno trabajando en terreno, no sólo visitando para entregar informaciones o para cortar cintas en inauguraciones. Proponemos un nuevo estilo de hacer las cosas, participativo y directo, en contacto con las organizaciones sociales y las instituciones propias de la representación ciudadana. No sólo gobernaremos para la gente sino que con la gente.
4) La Alianza es moderna. Inserta en el siglo XXI, la Alianza trabaja y se propone avanzar en la modernidad, utilizando los instrumentos tecnológicos y de conectividad que permitan la mejor comunicación, la mayor participación y la más alta rapidez en las determinaciones que adopte. El trabajo es hecho con profesionalismo y metodologías adecuadas a las realidades complejas y cambiantes de la época. Así se opera en los nuevos tiempos, a diferencia de la coalición oficialista que sigue en la antigüedad, con lentitud y burocracia, sin el ritmo que exige la realidad actual. La Alianza insertará a Chile en la modernidad
5) La Alianza es eficiencia. Lejos de la incapacidad demostrada por los gobiernos de la Concertación, la Alianza tiene los equipos preparados para gobernar, con sistemas de trabajo, seriedad y rigor profesional que aseguran resultados. El país no resiste más fracasos por ineficiencia de la gestión pública, como el Transantiago o la crisis hospitalaria, por señalar algunos.
La alianza es garantíade buen servicio, eficaz, oportuno y directo.
6) La Alianza es progreso social. El énfasis en cambios políticos que caracteriza el discurso concertacionista tiene fatigado a los chilenos que no ven soluciones a sus problemas reales. Establecidas las bases de un sistema económico que
permite el progreso, sin perjuicio de las reformas que se le deben introducir para modernizarlo, la Alianza es sinónimo de avance social: fin a la pobreza, reducción real a la desigual distribución del ingreso y focalización del gasto público a los que lo requieren, sin burocracia ni favoritismos con significado político. El nuevo gobierno tendrá un fuerte énfasis social, asegurando el empleo como el mecanismo más digno para fomentar el desarrollo individual y familiar
de los chilenos y para erradicar la pobreza.
7) La Alianza es gobernabilidad. La Concertación, como se ha dicho, mientras actuó en forma unida y disciplinada, permitió la gobernabilidad del país. Pero eso ya es historia. La crisis interna, el caudillismo, el fraccionamiento de sus partidos, la ineptitud de sus operadores, la corrupción instalada la han convertido en un conglomerado en crisis terminal. Sólo la Alianza está en condiciones de gobernar el país, de resolver sus problemas, de avanzar y de
lograr la confianza de la ciudadanía.
8) La Alianza es el cambio. La continuidad de la gestión de 20 años de gobiernos de la Concertación ha significado que la continuidad de las mismas caras, de las mismas políticas y del mismo estilo de gobierno. Si se quiere obtener otros
resultados, si se quiere avanzar y progresar, es indispensable introducir fuertes transformaciones. La Concertación es más de lo mismo, sólo la alianza representa el cambio que Chile necesita.
9) La Alianza es alternancia democrática. La democracia se nutre de la diversidad, de permitir la expresión de las grandes mayorías en la conducción de su destino. No es sano ni conveniente la petrificación de los mismos en el manejo del
gobierno. La falta de renovación favorece prácticas poco democráticas, como la captura del Estado y el clientelismo electoral. La corrupción, en último término se combate mejor con la renovación de sus liderazgos. La Alianza es el único
conglomerado que puede garantizar la alternancia en plenitud democrática.
III
Chile cambió: La Sociedad de las Aspiraciones
Una consideración general permitiría mirar este nuevo escenario en una sola perspectiva. El mayor desarrollo económico contemporáneo, el impacto de las nuevas tecnologías y la mayor educación y formación ciudadana ha generado un cambio cualitativo en la mentalidad de las nuevas generaciones. En ellas existe un interés marcado por el afán de alcanzar la realización personal, lo que se traduce en la satisfacción de las aspiracionesindividuales.
Dentro del conjunto social, interesa la mirada propia, la que se ve alentada por la sensación de que ello se puede, que la sociedad franquea los medios para ese propósito.
El camino es el del emprendimiento, libre y voluntario, asociado de múltiples maneras, que hace posible lograr los sueños individuales. Ello se traduce en la creación de sistemas y mecanismos legales, tributarios, municipales de naturaleza normativa que favorezca el impulso emprendedor de miles de personas para la creación de empresas de los más
diversos tamaños y giros que garanticen el empleo y la movilidad social de todos.
Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías permiten superar lo masivo y abrir oportunidades personalizadas.
Sin embargo, esta mirada que refleja la inquietud y anhelos de las nuevas generaciones se debe contrastar con las dificultades de muchos, particularmente de jóvenes de sectores medios y marginales, así como de mujeres, que no advierten posibilidades ciertas de lograr el objetivo de satisfacer sus aspiraciones. Estas existen como en todos sus pares, pero no hay convicción de que se pueden alcanzar, lo que genera una sensación de frustración que
acarrea amarguras y resentimientos que, de generalizarse, pueden producir efectos muy negativos, y brotes antisistémicos peligrosos para la estabilidad institucional.
Lo anterior muestra por una parte un camino pero nos mueve a definir una segunda vía de acción pública, tan relevante como la descrita. El primer camino es el de abrir y potenciar la capacidad de emprendimiento personal; la segunda vía es la de asumir la realidad de las diferencias, de las desigualdades, de la falta de oportunidades, que debe obligar al Estado y la sociedad civil a actuar con solidaridad, garantizando la igualdad de oportunidades. Si ello no se concreta así, las consecuencias podrán repercutir en un sentido contrario, de delicadas consecuencias sociales.
Interpretar e impulsar esas tendencias sociales, esas aspiraciones comunes, parece ser una necesidad vital para quienes buscan conducir los destinos nacionales. Ésta es la tarea central del mundo político y en particular lo es para quienes
esperamos hacerlo lo antes posible, por el bien del país.
Representar e interpretar esas tendencias equivale a definir esos nuevos consensos que se están gestando en el seno social y que requieren de una respuesta política renovada. Éstadebe constituirse en nuestra tarea prioritaria.
IV
Los nuevos consensos:
Los Ejes de Nuestro Proyecto Político
La ciudadanía ha ido manifestando de diversas formas sus inquietudes y aspiraciones insatisfechas, que reflejan la decepción de la gente. Es nuestro deber definir esos nuevos consensos sociales, para luego desarrollar una respuesta política y estratégica renovada, adecuada a los tiempos del futuro.
a) La crisis de la Gestión Pública y la Nueva Revolución: tener un Buen Gobierno.
La falta de efectividad de las autoridades en su trabajo político se ha constituido en un dato de la causa en la percepción del hombre común. Ello se explica porque los resultados de las cuantiosas inversiones sociales (la educación y la salud son dos sectores emblemáticos al respecto) son escasos en relación al esfuerzo nacional desplegado y los “transantiagos” parecen multiplicarse en diversos ámbitos del quehacer público: recordemos, por ejemplo, que a este gobierno se le caen los puentes o que los hospitales no funcionan en su deber esencial, dar salud (Hospital de Iquique), o en su manejo financiero, pues han aumentado su endeudamiento ¡10 veces en el último
año!.
La palabra “eficacia” ha desaparecido del lenguaje nacional. Interesan los anuncios y los gestos mediáticos, no la obra realizada. Importa inaugurar pronto y en los momentos oportunos (especialmente durante los períodos electorales), no la obra bien hecha.
La filosofía en la que ha descansado la Concertación en estos años la aleja del viejo estatismo, pero la ha ido acercando peligrosamente a una en donde se recupera un papel activo del Estado en desmedro del de las personas. Se desconfía de la capacidad emprendedora de la gente, de sus asociaciones, aumentando exageradamente las regulaciones y limitando su esfera de acción.
Ello se convierte en un elemento que frena el emprendimiento sin que el actual Gobierno, por su incapacidad de gestión, pueda reemplazar el espíritu emprendedor como motor social. De ahí al estancamiento y a la mediocridad no hay más que un paso, que es el que se percibe en estos días.
El nuevo camino se caracteriza por la necesidad de fortalecer la senda del emprendimiento personal y el premio al esfuerzo individual o asociado. Por ello, el rol del Estado y de los organismos públicos será facilitar y hacer posible de modo efectivo la iniciativa de las personas, con eficiencia y confianza en la gente.
La responsabilidad del Ejecutivo en este proceso es, sin dudas, mayor. Lo primero, porque en un régimen presidencialista como el nuestro, la responsabilidad central de la conducción recae en la Presidencia de la República. Habiendo ésta estado ininterrumpidamente bajo la misma mano durante más de 18 años, las culpas de la crisis de gestión pública recaen sobre la coalición gobernante. En este período no se ha logrado afianzar el progreso ni la calidad de vida de la población. Más bien, existe la creciente sensación que el tiempo se ha perdido, se ha dilapido, se ha diluido en mil formas que no han significado el cambio esperado. Y buena parte de la explicación se encuentra en la convicción de que se ha fracasado en la administración del proceso, en la gestión y manejo de la situación. El cambio de filosofía se ha convertido en un freno
al desarrollo que venía evidenciando el país.
Quienes han estado a cargo de la nación no han respondido a los desafíos con efectividad, no han aportado calidad en la conducción, han sido derrotados por el fracaso de su línea conductora. Al final del día, no obstante los avances que han existido en diversas áreas, la última línea –particularmente en las últimas dos administraciones- acusa la existencia de un mal gobierno.
No hay dos opiniones: la ciudadanía quiere algo simple y preciso que hoy sería una
revolución: tener un buen gobierno.
Uno eficaz, que le resuelva los problemas, que no lo tramite, que le haga sentir que está a su servicio, que le entrega espacios para que pueda romper la inercia y abrir nuevos caminos producto de la iniciativa y esfuerzo
personal. Se busca un sector público facilitador, que confíe en las personas y su capacidad, que los potencie delimitando su accionar, no obstruyendo su ritmo de trabajo.
Que utilice los recursos en pro de un proyecto con objetivos nacionales de largo alcance y que no se deje llevar por reacciones a situaciones contingentes, reflejando lo que se teme: que sólo actúa movido por intereses pequeños de breve alcance.
La tendencia moderna aconseja separar crecientemente las tareas de gobierno –más políticas- de las tareas de estado –que reflejan el interés colectivo- al modo operado en el Banco Central, tendencia que debe reordenar muchas de las actividades que hoy maneja el Gobierno para entregarlas a entes autónomos.
De igual modo, el centralismo acentuado en estas últimas décadas debe revertirse en beneficio del desarrollo local,
centrando en la comuna el eje del progreso y, secundariamente, en la región.
La ciudadanía cree que un buen gobierno es posible, que se puede, que no es una utopía, ni es pedir mucho. Lo que sí resulta ser una constante es que la gente perdió la esperanza de que los actuales gobernantes sean capaces de hacerlo.
Y por cierto, entiende que un buen gobierno es uno que la honestidad y la probidad son la regla permanente. Toda corrupción o conducta irregular debe ser combatida, evitando las causas que favorecen su expansión, como lo han sido la presencia de miles de operadores que utilizan gastos discrecionales en beneficio político electoral.
Es indispensable profesionalizar la administración pública y entrar a ella o ascender por razones de mérito. No más “ideología de la corrupción” que justifica la captura del estado por fines partidistas, hay que reinstalar la ética pública.
b) Ante el estancamiento económico: reformas profundas para terminar con la pobreza y consolidar la clase media
El desarrollo económico y diversas políticas públicas han permitido mejorar la condición económica nacional. Han bajado las cifras que describen el número de pobres y se insinúa que ese fenómeno puede continuar: erradicar la pobreza parece ser un sueño posible.
Sin embargo, las condiciones económicas de hace ya varios años revelan un estancamiento en el ritmo del crecimiento. Ya no lideramos en América Latina, somos del montón hacia abajo. La bonanza del cobre y otros productos de exportación ha
servido para desviar la atención de esta paralización de la vitalidad del funcionamiento económico, pero a ningún entendido mueve a engaño.
Tampoco a quienes viven en condiciones de marginalidad, porque las condiciones adversas parecen acrecentarse con el correr de los días. De la pobreza pareciera salirse, pero sólo temporalmente puesto que son muchos los que salen, pero que luego retornan al nicho de la pobreza a raíz de los ciclos económicos a los que nos está conduciendo la política que en este ámbito impulsan sus encargados.
En especial, la debilidad para enfrentar la inflación mostrada por el Gobierno actual ha sido equivalente al establecimiento de un nuevo impuesto para los más pobres y la clase media.
Debemos recordar también la falta de visión de nuestras autoridades para enfrentar el tema de la energía. Estamos atrasados y pagando caro esta negligencia. No se han adoptado las determinaciones que nos permitirán ser autosuficientes en este ámbito, apurando iniciativas hidroeléctricas, nucleares y renovables.
La situación la sufre el sector productivo, pero también los consumidores que pagan cuentas por servicios
básicos cada vez más elevadas.
La crisis financiera de origen internacional ha golpeado nuestras puertas y a pesar de la responsabilidad del manejo macroeconómico, está afectando seriamente los bolsillos de todos los chilenos. La creencia de que “estamos blindados” con que ha reaccionado la autoridad económica no evita el daño: se debe ser proactivo y trabajar con todos en la
búsqueda de soluciones.
Hay segmentos donde se concentran las condiciones económicas negativas de un modo especialmente duro. Así, sectores juveniles en cordones de pobreza, desempleados y sin oportunidades (cerca de un millón de jóvenes está sin trabajo y no estudia), se convierten en objetivo de traficantes de droga y caen con mucha facilidad en espirales de violencia. Ellos, como muchos otros por causas diversas (las mujeres, por ejemplo, las que conocen distintos tipos de discriminación y limitaciones a su desempeño como madres y trabajadoras), se sienten excluidos del progreso que se ha producido en el país, lo cual genera un clima en extremo peligroso.
Las mujeres son un segundo grupo castigado y postergado económicamente: existen pocas oportunidades de trabajo para
ellas, con dificultades en la legislación y en el soporte para enfrentar una vida de familia y un empleo a la vez, y con discriminación a la hora del pago de sueldos por la misma labor que realizan hombres.
También el segmento Pymes sufre las consecuencias de una falta de políticas económicas que se orienten a generar condiciones de desarrollo que consideren a los sectores que más generan empleo y están más cerca de la gente con problemas, como son estas empresas. La necesidad de estimular la competencia impidiendo por esta vía la concentración económica y la conveniencia de otorgar facilidades para el desarrollo competitivo de las Pymes exige nuevas políticas macro y microeconómicas.
Finalmente, una buena parte del mundo indígena chileno sufre también de privaciones materiales muy severas, lo cual exige revisar las políticas adoptadas. Éstas no sólo no han resuelto el problema sino que han permitido la extensión de brotes de violencia en algunos sectores que se deben apagar.
La reducción de la pobreza, hoy estancada y quizás con riesgos de que se reinstale, se ve agravada por la mala distribución del ingreso, la que a pesar de todo el desarrollo económico experimentado por Chile en estas últimas décadas, se ha mantenido igual, si es que no ha empeorado. Ello tiene que ver con la perspectiva con que se enfrentan las
cosas: mientras el socialismo quiere terminar con la riqueza, nosotros queremos terminar con la pobreza.
Tenemos una visión de la economía más humana, como instrumento del bienestar y no del logro de objetivos ideológicos.
Por todo lo anterior, la consagración de dos aspiraciones sociales básicas debe ser el norte de las reformas económicas: asegurar el derecho al trabajo y el derecho a una educación de buena calidad.
c) Fin a las exclusiones: por una sociedad integrada.
La gente quiere participar del avance económico social, quiere ser parte del Chile moderno y tiene esperanzas para sí y para sus hijos.
Son muchos los que se sienten excluidos de ese Chile y no ven cómo salir del círculo de la pobreza, especialmente las
nuevas generaciones y las mujeres. Quieren una sociedad justa, humana y solidaria. Quieren participar. Quieren integrarse y ser protagonistas, no meros espectadores. Quieren igualdad de oportunidades.
Existen sectores que han sido –conciente o inconcientemente- marginados de nuestra vida pública.
Tres son los grupos más relevantes:
a) Los pobres, que suman varios millones, sufren siempre de la exclusión social;
b) Las jóvenes y mujeres, como ya dicho, especialmente porque no pueden integrarse a la vida productiva; y
c) los adultos mayores, que a pesar de haberse resuelto el tema previsional, siguen siendo marginados de hecho de la vida social activa.
Pero también existen sectores que reflejan una diversidad en distintos aspectos que, asimismo, son objeto de alguna forma de discriminación. Consideraciones raciales, de sexo, religión, manera de pensar, visiones culturales u otras situaciones de variado signo se dan maña para lograr diferenciaciones odiosas o discriminaciones abiertas. Algunos incluso, por motivos ideológicos, aún predican la lucha de clases, en lugar de pensar en el respeto a la diversidad y en la
búsqueda conjunta para reducir las desigualdades.
Necesitamos revisar nuestros hábitos culturales y buscar el respeto por la diversidad, con criterios de inclusión social. No basta la tolerancia, ya que esta parece a ratos ser sólo una manera forzada de aceptar al otro: queremos el respeto profundo por las diferencias, respeto mutuo que ayude a la armonía social, como habitantes de la misma patria e hijos del mismo Dios.
Las políticas sociales, educativas y económicas deberán converger en torno a estos objetivos.
d) Una vida sin temores
La vida en numerosas ciudades del país se ha vuelto incierta.
La delincuencia no ha logrado ser controlada, por el contrario, una cierta sensación de impunidad pareciera haberse establecido. Las personas creen, en porcentajes crecientes (sobre el 60%), que pueden ser víctimas de algún delito.
El miedo a la delincuencia no reconoce fronteras. Afecta a todos, más allá del lugar, sexo, condición social o situación económica.
Han fallado repetidamente los mecanismos de prevención y persecución criminal, los jueces no dan garantía y el sistema de libertades provisionales permite que los delincuentes no permanezcan detenidos por mucho tiempo.
La gente tiene susto. Y esos temores físicos, producto del incremento de la criminalidad, se ven aumentados por inquietudes diversas que hablan de las incertidumbres en la vida cotidiana de la gente común. Temor a enfermarse, temor a la cesantía, temor a la vejez, temor a la discriminación.
La aspiración generalizada de la ciudadanía es por una vida sin temores. Ello supone la mirada atenta de la autoridad centrada en esas inquietudes. Desde la base, para evitar que políticas de seguridad pública de carácter nacional no se estrellen con la realidad local, que a veces es diferente en una misma ciudad o comuna exigiendo una mirada
local a las medidas preventivas y de persecución criminal. Ello obliga a traspasar atribuciones y recursos a los municipios para atacar el problema de la inseguridad.
Por su parte, es necesario ahuyentar otros temores que se han incubado socialmente y que dificultan satisfacer la aspiración de una vida tranquila. De ahí que a las políticas de seguridad pública se le deba agregar la renovación de políticas económicas antes mencionada para completar, con un esfuerzo especial, el derecho al trabajo ya señalado,
el acceso seguro a una atención de salud efectiva –los pobres temen enfermarse- y la protección de la vejez, aspecto este último que dio un paso adelante con la reforma presidencial impulsada por el actual Gobierno, pero que requiere mirar otros aspectos no materiales que permitan integrar a los adultos mayores en plenitud a la vida social.
e) Una vida en familia, en un ambiente de valores
Las sociedades reconocen a sus integrantes valores comunes que se derivan de su
condición humana.
Su reconocimiento y respeto permiten la convivencia, la realización personal, el ejercicio responsable de la libertad y de los derechos esenciales. De ahí surge y se hace posible la dignidad humana.
La familia constituye -en todo ordenamiento social- el depósito central de los valores colectivos, ahí se conservan y se trasmiten de generación en generación, fortaleciendo desde la base la estructura de la sociedad.
Cuando las sociedades pierden su escala de valores o la centralidad de la familia, ellas se debilitan y se pierden las posibilidades de lograr una convivencia estable y armónica. Su consecuencia se expresa en una mala calidad de vida de sus integrantes y en un debilitamiento generalizado de los logros sociales.
Este fenómeno se ha producido en nuestro país en las últimas décadas a raíz de circunstancias nacionales y externas. Vivimos un mundo diverso, complejo y propenso al cambio, donde la pluralidad pareciera trasmitir que cualquier valor o principio es igualmente válido. El derecho a nacer se ha visto seriamente cuestionado por una fuerte corriente abortista que, bajo el ropaje de la defensa del derecho de la mujer a decidir, pretende validar la interrupción del embarazo. Por su parte, la familia se ha visto enfrentada a situaciones que le han restado su fuerza social.
Así, la cantidad de matrimonios que se celebra año a año en Chile ha disminuido a la mitad en los últimos
18 años. A su vez, el número de familias que tienen a una mujer como la jefa única del hogar supera el tercio de los hogares. De igual modo, la cantidad de hijos nacidos fuera de matrimonio supera el 60% (somos el país con el índice más elevado del mundo en esta materia) obstaculizando a muchos de ellos en sus posibilidades de tener una vida normal, particularmente cuando se trata de madres adolescentes provenientes de sectores de pobreza o de origen rural, quienes difícilmente podrán superar la condición de su progenitora a quien pueden incluso arrastrar a una vida muy dura y difícil.
La desintegración, atomización y división amenazan la unidad familiar. El incremento de problemas de aprendizaje, de la delincuencia juvenil y de los trastornos del comportamiento en adolescentes y jóvenes se agudiza cuando existe debilitamiento familiar.
Por si todo lo anterior fuera insuficiente, la violencia familiar no ha logrado ser atajada y esta se mantiene, no sólo respecto de las mujeres sino que también en contra de menores y de los adultos mayores.
La gente afectada sufre mucho con esta situación porque pierde su base de sustento y el marco dentro del cual se ordenan las relaciones interpersonales. Hombres y mujeres quieren respeto a los valores y límites morales al ejercicio de las libertades y derechos individuales. La familia nuclear y aquella donde la mujer es jefa de hogar exigen de la mayor consideración y respaldo.
Los ciudadanos quieren reencontrarse con la familia, con amplitud y diversidad, pero con certeza y claridad de su papel esencial como base del orden social.
Las políticas públicas deben procurar por diversos medios (educación, vivienda, judicial,etc.), incluyendo incentivos económicos, el fortalecimiento familiar como el eje principal por el cual se encausa la formación de las nuevas generaciones.
f) El poder a las personas: un nuevo rol para la sociedad civil
La tendencia reiterada durante largas décadas –en Chile y en el mundo- se orientó a concentrar el poder y la conducción social en torno al Estado.
En lugar de confiar en las personas o en los entes intermedios a través de los cuales éstas se organizan para desarrollar fines múltiples, se procuraba entregar al sector público, a las autoridades de todo tipo, las determinaciones fundamentales.
Por cierto, esa fue una experiencia fallida, con grave daño para millones de seres humanos que vieron castradas sus existencias y potencialidades.
Chile se liberó finalmente del estatismo, pero no ha superado del todo esas tendencias.
El respeto al rol del Estado, que es de la mayor trascendencia, ha impulsado el espíritu regulador bajo una filosofía neoestatista algo hipócrita. No se le reconoce –o no se confía- a la sociedad civil su autonomía, la que es necesaria para que todos y cada uno de sus miembros puedan desplegar toda su capacidad.
En el fondo, presos aún de ideologías centralizadoras, no se permite a las personas aumentar el espacio para que cada una de ellas, libremente, adopte sus decisiones y desarrolle sus emprendimientos. Sin embargo, el deber del Estado de crear las condiciones para el perfeccionamiento personal de sus miembros debe empezar por el respeto de la sociedad civil y por entregarle a las personas el derecho y la oportunidad para forjar su destino.
La gente ha mejorado su educación y nivel cultural, tiene mucha información, más que en ningún otro período histórico. Cada ciudadano quiere resolver por su cuenta qué educación le da a sus hijos, qué opción laboral escoge, cuáles emprendimientos realiza, donde vive, qué actividades culturales desarrolla, cuándo forja su familia, qué hace con su vida.
Con respeto y solidaridad con sus similares, la gente quiere ser señor de su destino, libre y autónomo. No le resulta suficiente que a nivel nacional exista soberanía e independencia de otros estados, la quiere tener en su vida personal. Esta se constituye en una aspiración esencial en gran parte de las nuevas generaciones que no pide le den las cosas hechas, sino que el espacio, la oportunidad para hacer su propio camino, su propio emprendimiento. La madurez nacional en este aspecto es muy alta y ella es prenda de garantía de nuestro desarrollo futuro. Sólo falta el compromiso público, con
incentivos reales, para darle despegue a este espíritu innovador.
Ello también se expresa en otros ámbitos. La ciudadanía quiere, a lo largo del territorio nacional, tener el poder suficiente para decidir local y regionalmente el destino de sus comunidades. El centralismo es rechazado en los más variados rincones, unidos por la común aspiración de que las decisiones sean adoptadas por quienes van a sufrir sus
consecuencias directamente y no por burócratas del ordenamiento central.
Que el poder se entregue a las personas y a la sociedad civil, reemplazando la idea anticuada y fracasada de “Estado de Bienestar” por una concepción nueva: la “Sociedad de Bienestar”.
g) Un país moderno, innovador y tecnológicamente avanzado.
El mundo que nos toca vivir es uno en el cual se han universalizado los conocimientos.
La información disponible permite acceder a lo que ocurre en otros lugares y en todos los ámbitos. El progreso se mira en las pantallas de televisión diariamente y ahí se constata que los avances mejoran la calidad de vida de la gente.
El acceso a diversos medios tecnológicos, como el teléfono celular, ha cambiado la vida de la gente. Pero se aprecia que ello podría extenderse más, en todos los niveles. Así, el uso de Internet y las redes aún está limitado a un porcentaje de la población y no se ha internalizado en los hábitos de trabajo de grandes sectores productivos, especialmente
en las pequeñas y medianas empresas.
Lo mismo sucede con la computación, que no sólo es un procesador y ordenador de información sino que es también en la actualidad simultáneamente estación de trabajo, conectividad, comunicación, entretención, centro de adquisición y consumo e instrumento clave en el manejo y administración de toda actividad organizada.
La cultura sigue siendo muy conservadora y el riesgo de la innovación no constituye una característica común en nuestros emprendedores. La educación sigue modelos más tradicionales y no potencia la ansiedad por integrar las tecnologías de la información en la vida cotidiana.
Los chilenos así lo sienten y quieren ir más lejos, esperan ser partes de la modernidad, quieren entrar al futuro por la puerta ancha de la innovación, incluyendo en su vida diaria, personal y profesional, los instrumentos y medios que hoy se ofrecen a costos accesibles y en forma universal.
V
Propuestas Concretas para implementar los Nuevos Consensos
A modo de ilustración, presentamos a continuación sugerencias concretas que permitirían aplicar a la realidad los objetivos antes descritos. No es una lista exhaustiva sino ilustrativa, cuyo solo enunciado contribuye a iniciar una discusión acerca de la forma cómo podríamos construir nuestro Programa de Gobierno a partir de los ejes antes descritos.
- Profesionalizar el servicio público: no más operadores políticos ni nombramientos por “cuoteos” políticos, ni por “pitutos” de cualquier naturaleza. Los funcionarios públicos serán nombrados por concurso, esto es por sus méritos objetivos, y serán ascendidos teniendo también en consideración su desempeño, lo que también se reflejará en su remuneración.
- Defensa de los derechos de los trabajadores del sector público, incorporando la negociación colectiva y revisando la situación de quienes están a contrata, sin protección laboral
- Fin a los gastos discrecionales y reservados en el sector público (excepciones autorizadas por ley de quórum calificado), para evitar su mal uso.
- Fuerte desarrollo local, potenciando los municipios como el eje de la descentralización. A sus funciones actuales habrá que agregarle nuevas tareas (con sus respectivos recursos), tales como: seguridad pública, deporte, cultura, preservación del medio ambiente.
- Creación de un concurso nacional y regional que premie a los municipios que se
destaquen en la limpieza de su comuna, el desarrollo de áreas verdes y recreativas y
la preservación del medio ambiente.
- Reforma a la estructura regional, creando nuevas regiones donde estudios lo justifiquen, con sus respectivas competencias y recursos y revisando la necesidad de las provincias como estructura administrativa
- Separación de las tareas de Estado de las labores de Gobierno. Se debe avanzar en el camino de asegurar que organismos públicos tengan un perfil de Estado y no sean más dependencias de gobierno, siguiendo la experiencia del Banco Central y otros organismos autónomos. Entidades como el INDAP, el Registro Electoral, las Superintendencias en diversos ámbitos de fiscalización, deben terminar su dependencia del gobierno de turno y pasar a tener autonomía real.
- Reforma tributaria que permita definir una política de incentivos tributarios para la inversión extranjera y nacional, especialmente si ésta se hace en regiones y genera empleo, con especial orientación a las Pymes.
- Donaciones tributarias que permitan potenciar la acción de la sociedad civil, permitiendo a las personas –no sólo a las empresas- efectuar donaciones de sus impuestos para favorecer la acción de las organizaciones creadas para satisfacer
fines de interés social en todos los ámbitos.
- Permitir que la tributación de las personas se haga bajo la unidad “familia”, como incentivo a su fortalecimiento.
- Acceso masivo al microcrédito para personas y pequeñas empresas.
- Estatuto para las Pymes que facilite su crecimiento y les asegure su funcionamiento con eficiencia y acceso real al mercado. Así, por ejemplo, se les debe garantizar (como en EE.UU.) un porcentaje de las compras públicas para empresas de este sector.
- Política energética total, apoyando todas las alternativas creadoras de energía, sin excepción, asegurando la preservación del medio ambiente.
- Reformulación de la legislación laboral para que se facilite a los trabajadores a tener acceso a empleos en condiciones más flexibles y variables en el desempeño de sus labores, con especial preocupación por jóvenes y mujeres.
- Derecho al trabajo, como deber del Estado de estructurar el sistema público con el objetivo de facilitar al sector privado la creación de oportunidades de trabajo.
- Derecho a una educación de calidad desde la cuna hasta terminada la educación superior. Debe ser obligatoria la educación preescolar, la básica y la media. La que va desde la cuna hasta la preescolar y la post media o superior, deberán ser ofrecidas obligatoriamente, con sistemas de becas y créditos, según el caso, para asegurar el acceso a esos niveles de quienes lo quieran, permitiendo así que sea realidad el derecho a la educación en todo momento, con garantía de calidad.
- Reformulación del Estatuto del Docente, para introducirle criterios de calidad y resultados en su formulación y estructura, revisando sus rigideces.
- Propuesta normativa que incentive favorablemente la inclusión social, con discriminación positiva.
- Transformación de TV Nacional en una verdadera televisión pública, con financiamiento estatal, para que preste un servicio integrador del país, garantizando el respeto a la diversidad y conducida en forma autónoma del gobierno de turno o de cualquier sector político o ideológico que pretenda instrumentalizarla en algún
sentido.
- Derecho a la seguridad ciudadana, exigible legalmente –incluso por la vía judicialante las autoridades policiales y municipales (luego de haberles transferido atribuciones a estas entidades), con sanciones por ineficacia e incremento de la delincuencia.
- Aumento de sanciones a reincidentes y a quienes cometen delitos en forma reiterada, con privación total de beneficios penitenciarios.
- Fuerte trabajo en la rehabilitación de quienes son penalizados, especialmente en el ámbito juvenil, en cárceles que permitan ese trabajo, con respeto a quien ha sido sancionado.
- La salud como un seguro social, exigible en todos los ámbitos, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria. Nueva gestión en la salud pública, con incentivos por resultados en la atención a la gente y en la solución a sus problemas de salud.
- Política integral para el adulto mayor, que no mire sólo el aspecto material –el derecho a la jubilación o a una pensión decente- sino que también procure la integración efectiva a la vida, en plenitud, con tareas sociales, de acuerdo a su
estado de salud y a su edad.
VI
Una Nueva Estrategia Política
El reconocimiento de que existen nuevas realidades sociales que se constituyen en las aspiraciones colectivas de la gente común obliga a asumir con responsabilidad la respuesta política a esta inquietud ciudadana. Ello porque resulta evidente que la Concertación no está en condiciones de dar satisfacción a esas demandas. Mal podría hacerlo, porque ella es parte del problema –en mucho, su causa- y, en consecuencia, difícilmente podrá ser parte de su solución.
A diferencia de ello, la Alianza se ha convertido en la opción política que con autoridad y mayor claridad puede comprometerse con esos nuevos consensos. No sólo porque lo ha procurado con celo a lo largo de muchos años, sino que porque ha logrado ordenarse, con unidad y disciplina, en torno a objetivos nacionales. Lejanos están los días en los que por
diferencias incluso menores, los partidos de esta coalición no trasmitían la necesaria confianza que se exige a los conglomerados políticos para asumir las tareas de gobierno.
Hoy la situación es diferente: la Concertación no ofrece gobernabilidad, sólo la Alianza puede hacerse cargo con éxito de las labores de gobierno.
Es por ello necesario formular una nueva estrategia política que nos garantice el objetivo de ganar las próximas elecciones presidenciales, acreditando ante el país un nuevo estilo, una nueva épica y una revolución en la gestión pública.
Una estrategia renovada de acción política debe incorporar, en primer lugar, un nuevo diseño y un renovado estilo en la forma de gobernar, que incluya en ese trabajo a personas por su calidad, no sólo por su pertenencia política. Lo primero se debe concretar propiciando acuerdos nacionales en temas específicos, materia que se debe adoptar como política permanente.
En cuanto a la forma misma de ejercer el gobierno, incorporaremos a éste a personas con visiones distintas incluso a la del Gobierno, cuando su competencia profesional así lo recomiende. Y en su desempeño, el trabajo será en terreno, con conexión directa con la gente, como forma normal de llevar adelante las funciones del nuevo gobierno.
Hacia una Nueva Alianza
El próximo gobierno ha de ser uno de unidad nacional por la envergadura de las tareas y por la vocación de los chilenos de sacar adelante en conjunto sus delicados y complejos desafíos. Ello supone un segundo propósito en nuestra estrategia política: configurar una base política amplia, incluyente. Ha llegado el momento de anteponer los intereses de la gente en el centro de nuestras actuaciones y unir fuerzas entre quienes quieren representar los nuevos consensos.
No basta el mero éxito electoral circunstancial que se puede asegurar por una fuerza política (la Alianza podría ganar sola las próximas elecciones). Tenemos que mirar el largo plazo y pensar en lo mejor para el país. Para ello se debe procurar establecer las condiciones de un gobierno duradero que asegure la consecución de objetivos nacionales y que pueda incluso proyectar ese compromiso durante varios períodos de gestión pública.
Tal cual lo señalamos hace un año, la Alianza, como eje de ese enclave debe mostrar su generosidad y abrir los espacios para que sectores como Chileprimero, el PRI, al que se han sumado las fuerzas de Adolfo Zaldívar, el mundo independiente, los regionalistas y todo grupo o movimiento que aspire a darle forma a los actuales consensos y aspiraciones sociales de la gente y que quiera y crea en la alternancia como parte de la vida en democracia, sea también protagonista de este nuevo escenario político.
A través de acuerdos políticos en temas sustantivos se debe dar forma a una propuesta que sea acompañada de una mayoría sólida que se comprometa con el nuevo consenso social siguiendo los lineamientos antes descritos. Dichos acuerdos se deben trabajar en el plano legislativo presentando iniciativas de ley en forma conjunta, así como en reuniones públicas –congresos, seminarios, conferencias- de elaboración y análisis de proyectos concretos.
Por su parte, será necesario entrar a definir entendimientos electorales que adecuen los acuerdos políticos en el plano presidencial y parlamentario. Dada las características del sistema binominal en el plano parlamentario, se debe considerar un pacto que permita incluir en la lista respectiva la postulación de todos los sectores que formen parte del acuerdo político.
Los plazos son breves y no se deben postergar las acciones que permiten asegurar este propósito. La gente no puede esperar más, no merece nuevas postergaciones. Llegó el tiempo. Es ahora cuando debemos producir el cambio, de la mano de la voluntad ciudadana.
Lo anterior debe concluir en la adopción de un itinerario político que haga posible una Nueva Alianza, cuyo objetivo central sea La Moneda.
La definición de la UDI
Finalmente, en el caso de la estrategia política que concierne a la UDI, estimamos que nuestro partido debe adoptar una definición presidencial quizás anticipando los plazos acordados, programados para abril del próximo año.
La incertidumbre que produce la situación actual, la confusión y desorden que se advierte en la Concertación y la
conveniencia de planificar bien el año electoral venidero, podrían justificar este cambio.
Esa decisión debe estar guiada por un solo propósito: ganar las elecciones presidenciales.
Más allá de definir un nombre, debemos hacer todo lo necesario para lograr el objetivo superior, y si el país lo exige, debemos anteponer esa finalidad a nuestro legítimo interés de que un integrante de nuestras filas asuma ese rol, dando así testimonio que nuestra determinación tiene como único norte garantizar el éxito electoral del próximo año.
La unidad está primero porque Chile es nuestra prioridad.
Confío plenamente en lo que al respecto determinen la Directiva de la UDI y su Comisión Política, oídas las instancias internas del partido.
Efectuada esa definición, corresponde ponerse a trabajar con el mismo espíritu con el que hemos venido actuando desde hace algunos años. Si algo explica el éxito en las recientes elecciones municipales ha sido el hecho de que la Alianza suscribió un acuerdo municipal con más de un año de anticipación a la fecha de las elecciones.
No se actuó en forma improvisada. Ello permitió buscar a los mejores candidatos a alcalde y a concejales, en un
plano de armonía y con efectividad. Los resultados avalan el camino, el de la unidad, apertura y generosidad, que se debe repetir en las próximas elecciones.
Las claves de la estrategia presidencial de la UDI y de la Alianza pasan por tres ejes:
1.- el de la unidad, por encima de los intereses personales o de los partidos;
2.- el de la claridad de objetivos: se debe hacer sólo lo que sea conducente al propósito de ganar;y
3.- el de la apertura generosa a otros sectores, para configurar una Nueva Alianza.
VII
Una última consideración personal.
Esta propuesta la formulo a título personal, como una contribución destinada a iniciar un debate que nos conduzca a definir pronto nuestro proyecto político.
Para nosotros la política tiene un fundamento ético, sin el cual ella pierde todo sentido. No buscamos gobernar por mero afán de poder, sino que por que sentimos un profundo compromiso con el servicio público, inspirado por principios y valores que reflejan nuestro compromiso central con la persona y el bien común, y que se expresa en objetivos políticos
concretos que se deben especificar con transparencia ante la opinión pública.
La ciudadanía ve a los políticos como personajes movidos sólo por la ambición de poder, de figurar, de satisfacer sus aspiraciones personales. Por ello debemos preocuparnos no sólo de escoger a quién va a liderar a esta Nueva Alianza, sino que también de elaborar con mucha participación el contenido del proyecto que le ofreceremos a la ciudadanía, el que
deberá convertirse en un Programa de Gobierno claro y preciso, para que la gente sepa que sólo nos guía el compromiso moral de transformar nuestras ideas en soluciones concretas que favorezcan a todos los chilenos.
Es hora también de que abramos espacio a las nuevas generaciones, para que se integren a este proceso y a las labores del nuevo gobierno. El anquilosamiento de las actuales autoridades tiene relación con su incapacidad de ceder oportunidades, algo que no debemos repetir. Al gobierno deberá llegar un equipo que reúna a muchos con experiencia pero que integre especialmente a una gran mayoría de jóvenes profesionales que marquen la diferencia e impulsen el gran cambio que Chile exige con urgencia.
Por todo lo anterior y para despejar toda duda, quiero reiterar que mi único interés al publicar este documento es contribuir al éxito de nuestro proyecto político y ponerme al servicio de la causa en el lugar que sea más útil, excluyendo en ello toda opción presidencial personal. Considero que los tiempos están para trabajar por un proyecto común,
con independencia de quién lo lidere.
Espero que estas reflexiones contribuyan en la dirección señalada. Chile necesita que cada uno de nosotros le entregue su máxima capacidad de trabajo para mejorar la calidad de vida de todos y asegurar el bienestar futuro de nuestros hijos. Deberá ser el legado del gobierno que inicie la historia del Tercer Centenario de la Independencia Nacional.
“Todos somos, al mismo tiempo, protagonistas del presente y constructores del futuro de nuestro querido país”
Presentación : Carlos Toledolabarca.
